Resultados 2013 - 2014

El resultado general: mejores calificaciones para los órganos de control y sanción, peores para la rama legislativa y judicial

Enfocado en evaluar diseños y prácticas institucionales que apuntan a luchar contra la corrupción, el Índice de Transparencia Nacional 2013 -2014 evalúo 85 entidades de las tres ramas del poder público y órganos autónomos de regulación y control.


Las calificaciones en promedio sólo logran un nivel de riesgo medio de corrupción con 67,4 sobre 100 puntos. Menores son los riesgos de corrupción en los órganos autónomos encargados de controlar y vigilar7, con una calificación promedio de 71,9/100, mientras que las ramas judicial y legislativa muestran las alertas más graves, al obtener promedios deficientes: 59,1/100 y 34,9/100 respectivamente. La rama ejecutiva obtiene apenas un promedio de 68,1/100.



Promedios generales: esfuerzos por debajo del nivel esperado

Un promedio general de las entidades nacionales de 67,4/100 señala un riesgo medio de corrupción. Una pobre calificación para un conjunto crucial de entidades en el país, que también se refleja en los promedios de los tres factores que estructuran la evaluación. En los capítulos siguientes se ofrece información detallada de cada una de las dimensiones que se evalúan. Sin embargo, se puede señalar algunas deficiencias generales en cada factor:

  • Prevalece la opacidad en la divulgación de información básica sobre el proceso de gestión administrativa, sobre el proceso de gestión administrativa, sobre trámites y sistemas de atención al ciudadano. En el acápite sobre este factor se señala cómo estos indicadores están por debajo de los 70 puntos (ver gráfico 10). 
  • Aún no se configuran de manera óptima procesos y procedimientos claves para la eficiencia y la anticorrupción. Cuatro indicadores con calificaciones por debajo de los 70 puntos en temas cruciales, unos tradicionales y otros nuevos. Entre los temas tradicionales que quedan en deuda esta gestión de la contratación y gestión del talento humano, mientras que abordajes nuevos en la gestión pública como las medidas y las políticas anticorrupción, y las políticas de comportamiento ético quedan por debajo de los 60 puntos (ver gráfico 12).
  • Más de dos décadas con medidas de fortalecimiento de la participación ciudadana aún no logran transformar los diseños institucionales y las prácticas a favor de la intervención de la ciudadanía en la gestión y del diálogo permanente con la gente. Los indicadores de promoción del control social y rendición de cuentas obtienen calificaciones entre los 50 y 60 puntos. (ver gráfico 15).


    Las tres ramas del poder: capacidades institucionales asimétricas

    Desde hace varias décadas, diversas expresiones organizadas del país señalan que uno de los mayores obstáculos para el crecimiento de la democracia colombiana es el desequilibrio de poderes, que se expresa en la fragilidad de la rama legislativa y judicial en relación con la rama ejecutiva y los órganos autónomos. Esta evaluación refleja, igual, esta situación. Ambas ramas quedan por debajo del promedio general. Las funciones de control político y de garantía del acceso a la justicia no cuentan con el músculo institucional necesario, como tampoco con las barreras obligadas para contener la acción de los corruptos.



    Mejor es la situación que presenta la rama ejecutiva, superada con creces por los órganos autónomos y el Banco Emisor. Esto último se constituye en un hallazgo positivo de este informe, pues si bien se espera que todas las entidades del Estado cuenten con diseños institucionales que les permitan cumplir con su función, al tiempo que garanticen la protección de los recursos que manejan frente a los intereses de los corruptos, son las entidades encargadas de regular, controlar, investigar y sancionar las que deben tener las calidades más altas; mostrar integridad permite exigirla. 


    Al revisar el comportamiento de las ramas del poder con respecto a los distintos factores que analiza en Índice, se observan comportamientos coherentes en relación con el promedio general. Sin embargo, emergen calificaciones que difieren de la tendencia. En primer lugar, la calificación de más de 90 puntos del Banco Emisor en el factor Control y sanción; en segundo lugar, las muy bajas calificaciones de este mismo factor en las ramas judicial y legislativa. Finalmente, la pobre calificación de la rama legislativa en el factor Institucionalidad, y la casi única nota regular de la rama en Visibilidad (ver gráfico 3). La situación ya está enunciada: entidades autónomas en mejores condiciones que las ramas del poder público y, entre las ramas del poder público, sólo el poder ejecutivo logra repuntar.



    Rama Ejecutiva: mejor las comisiones de regulación y las superintendencias

    En la rama ejecutiva lideran las entidades encargadas de la regulación y la supervisión. Superintendencias como la de Sociedades, Financiera e Industria y Comercio registran calificaciones superiores a los 80 puntos. Igual ocurre con la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). Le siguen los ministerios; las carteras con mejor desempeño son las de Defensa, Educación y Hacienda. Las unidades administrativas presentan el promedio más bajo, junto con las agencias. En estos grupos las calificaciones más deficientes las obtienen la Unidad de Atención y Reparación de Víctimas y la Agencia de Contratación, ambas entidades de reciente creación (ver gráfico 4 y ranking de entidades).



     

    Rama Judicial: entre nivel de riesgo medio y alto de corrupción

    Medicina Legal y la Fiscalía apenas logran superar los 60 puntos. La calificación del Consejo Superior de la Judicatura señala la principal alerta.



    Rama Legislativa: Cámara de Representantes, única entidad en riesgo muy alto de corrupción

    Los resultados dan cuenta de lo lento que van y los urgentes que son los procesos de modernización del Senado y la Cámara de Representantes. En el caso del Senado mejoró la oportunidad de acceso a la información para esta evaluación. Sin embargo persisten los diseños y las prácticas administrativas tradicionales, y las calificaciones así lo reflejan.



    Entidades de regulación y control 

    Con 73,5 de calificación promedio, los órganos autónomos obtienen la calificación más alta en la estructura del Estado. La Auditoría General y el Banco de la República obtienen calificaciones superiores a los 80 puntos. Las calificaciones más bajas las obtienen la Procuraduría General de la Nación y la Registraduría Nacional del Estado Civil.



    Niveles de Riesgo: ¿Quiénes están mejor y quiénes peor?

    Aunque ninguna entidad logra un nivel bajo de riesgo de corrupción, una cuarta parte de las entidades quedan clasificadas en riesgo moderado. Si bien no es el óptimo, da muestras de que sí es posible diseñar y actuar de manera eficiente y proba. También es de destacar que en este grupo se encuentren entidades ejecutoras de política como cinco ministerios y el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas (IPSE).

    En el otro extremo están las entidades en riesgo alto y muy alto, que conforman el 15 por ciento de los entes evaluados. Aquí se encuentran 13 importantes entidades de las tres ramas del poder público. El Congreso de la República (Senado y Cámara de Representantes) y el Consejo Superior de la Judicatura, con las calificaciones más bajas de la medición. De la rama ejecutiva, entidades recientemente creadas (a finales de 2011) muestran que apenas avanzan en sus trazados institucionales. Son ellas las Agencias de Minería y Contratación, y la Unidad para la Atención y Reparación de Víctimas. Igual, otras entidades más tradicionales muestran sus debilidades, entre ellas dos ministerios, cuatro institutos, una fuerza armada y un departamento técnico (Ver ranking de entidades). El resto de las entidades, 60 por ciento, se encuentran en el rango de riesgo medio de corrupción.




7 Para la evaluación de este Índice los órganos autónomos son: la Auditoría General de la República, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Registraduría Nacional del Estado Civil. El Banco de la República se clasifica como Órgano autónomo – Banco Emisor.

Con el apoyo de: