Resultados 2013 - 2014

Institucionalidad: tropiezos y problemas en la gestión pública

La relevancia del factor de Institucionalidad dentro de la evaluación del ÍTN se concentra en develar el diseño institucional de las entidades evaluando el cumplimiento de condiciones, lineamientos y estándares de los principales procesos de gestión.

La medición no sólo contempla aspectos formales y prescriptivos del diseño institucional de las entidades. También evalúa aspectos prácticos a través de los cuales se puede observar si las instituciones cuentan con las condiciones necesarias para afrontar los retos relacionados con la modernización del Estado en temas de transparencia, anticorrupción y acceso a la información.

La planeación, el talento humano la contratación son los procesos más sensibles a los riesgos de corrupción, sin embargo obtienen las calificaciones más altas: promedios de 76,7, 68,7 y 67,4 respectivamente. Para la presente vigencia se incorporan normas, buenas prácticas e iniciativas de buen gobierno sobre medidas anticorrupción y políticas de comportamiento ético y organizacional. Estos temas se presentan como los más débiles del factor, ya que presenta un nivel de riesgo alto, con calificaciones de 56,0 y 51,9/100.



Gestión coherente de la planeación 

Con una calificación de 76,7 el indicador de Gestión de la planeación se ubica en un nivel de riesgo moderado y obtiene la puntuación más alta; esto significa que las entidades cuentan con un grado importante de coherencia entre los diferentes documentos de planeación de la entidad: Plan Estratégico Sectorial, el Plan Institucional y el Plan de Acción, y a su vez con el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 en temas relacionados con transparencia y anticorrupción, talento humano, rendición de cuentas y fortalecimiento de la gestión.

Si bien la sincronía no es total en ninguno de los temas, se debe destacar que las entidades cuentan con las bases generales para proveer lineamientos estratégicos de políticas públicas, trazar una efectiva evaluación de la gestión y contar con metas, proyectos y prioridades conjuntas en la acción estatal. Respecto al tema de Transparencia y anticorrupción, la evaluación arroja un resultado de 77,8, siendo ésta la segunda calificación más baja, que lo ubica en un nivel de riesgo moderado dentro del indicador.


La fragilidad de la gestión del talento humano y la contratación

Esta medición evalúa los ideales institucionales esperados por los ciudadanos tanto de los procesos y procedimientos de la gestión pública como de los servidores públicos que hacen parte de ella.

En el caso específico de Talento humano se parte del pleno derecho que tienen los ciudadanos de garantizar que las personas que ocupan los cargos públicos sean las idóneas para tratar temas públicos y se les garanticen las óptimas condiciones para ejercer su trabajo y cuidar de lo público.

Si bien estos dos temas son claves en el diseño institucional y cuentan con un soporte normativo amplio, no logran un desempeño óptimo para esta medición. El indicador Gestión de talento humano obtiene una calificación de 68,7 mientras que el de Gestión de la contratación alcanza un promedio de 67,4, lo que sitúa a ambos indicadores en un nivel de riesgo medio.

Bajo este panorama, el indicador refleja fortalezas respecto a la coherencia en las funciones y competencias de los servidores públicos, con una calificación de 78,8. En cambio, cuando se analiza la relación existente entre funcionarios seleccionados por mérito y funcionarios de libre nombramiento y remoción vinculados para la vigencia 2013, la cifra baja de manera dramática a un promedio de 57,7. 



Si bien el indicador Conformación del talento humano muestra una calificación de 77,4/100 con un nivel de riesgo moderado, es evidente que existen brechas significativas entre salarios tanto a nivel horizontal (interior de la entidad) como vertical (entre entidades) contando con la menor calificación (64,5) y un nivel de riesgo medio (ital).



Preocupa que la calificación en la evaluación y seguimiento al desempeño que se aplicó a todos los funcionarios provisionales es de 22,5, y la que se le aplicó a los funcionarios de libre nombramiento y remoción es de 49,2.

Estos resultados reflejan la necesidad de fortalecer los ejercicios de capacitación a funcionarios de diferentes niveles en temas como planificación, contratación, participación ciudadana, comportamiento ético, lucha contra la corrupción, talento humano, y gestión financiera y administrativa, pues éste subindicador se encuentra en nivel de riesgo medio con una calificación de 66 puntos.

En los aspectos prácticos, la planeación y la ejecución de la contratación tienen un buen desempeño con un puntaje de 87,8 y 83,0 respectivamente, mientras que en lo formal las entidades tienen mayores retos en fortalecer los contenidos minimos de sus manuales de contratación, que alcanzan apenas una calificación de 46,7. De las 85 entidades, 5 no reportaron lineamientos internos para la contratación. 


Del panorama expuesto se evidencia que hoy día las entidades cuentan con buenos diseños institucionales en materia de contratación, lo que significa que han mejorado y que se cumple con lo estipulado en la ley. Sin embargo no basta con acatar lo establecido en la ley; las entidades quedan en deuda pues deben crear lineamientos internos de sus procedimientos de interventoría y supervisión de contratos y utilizar modalidades de contratación que tengan mayores formalidades.



Medidas anticorrupción y políticas de comportamiento ético: de la abstracción a la práctica 

Con una calificación de 56,0 puntos se evidencia la atención que necesita la formulación e implementación de medidas y políticas de transparencia y anticorrupción como instrumentos de corto, mediano y largo plazo para guiar acciones de prevención, mitigación, control y sanción de hechos de corrupción en las entidades nacionales. A través de ellas se crean en las instituciones la cultura de la transparencia y el fortalecimiento de la confianza de la ciudadanía.



Acerca de las medidas y políticas anticorrupción, cabe anotar que en esta oportunidad Transparencia por Colombia examinó lo contemplado en la normatividad colombiana y la voluntad de las entidades respecto al tema13. En este sentido, se observó que -además de la instrumentalización de medidas anticorrupción a través de un plan específico- algunas entidades cuentan con resoluciones, políticas, estrategias o lineamientos generales al respecto. Las entidades no reportan alguna medida o política distinta al Plan Anticorrupción son 41.


La Dirección General de Sanidad Militar manifestó no contar con Plan Anticorrupción.

 A pesar de ser un requisito de carácter obligatorio, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se encuentra en nivel de riesgo medio. El componente mejor calificado es la oportuna publicación del plan, con un puntaje de 77,6, mientras que aspectos claves como la divulgación y discusión pública y el contenido del mismo obtienen con calificaciones de 58,5 y 65. La conclusión es que si bien la transparencia y la anticorrupción se están incorporando de manera incipiente en el diseño institucional, todavía no existe una voluntad sólida para que las entidades progresen en estos temas. Por ahora sólo se está acatando la norma e incluso las entidades están fallando en ese aspecto. Lo anterior significa que ni por la vía obligatoria ni por voluntad se notan avances apreciables.

Las políticas de comportamiento ético y organizacional son el componente con más bajo desempeño del factor Institucionalidad, con un puntaje promedio de 51,9 con un nivel de riesgo alto.



Se evidencian fortalezas en lo relacionado con prácticas de divulgación y discusión pública del código de ética o buen gobierno ya que el 69,4 por ciento de las entidades evaluadas lo realiza. Sin embargo debe fortalecerse la calidad del contenido de los lineamientos éticos y adoptarse un comité de ética, pues estos temas obtiene un puntaje de 47,8 y 38,4 respectivamente. Sólo 46 entidades de las 85 evaluadas reportaron contar con una instancia institucional que dé solución a conflictos éticos.

 

 


12 Gestión del control fiscal es un indicador que aplica exclusivamente a la Contraloría General de la República, donde la calificación obtenida es de 100 puntos.
13 Transparencia por Colombia contempló en los indicadores correspondientes a buenas prácticas y lo potestativo a las entidades cualquier iniciativa desarrollada por las mismas.
14 Medida o política para la declaración de trámites de conflicto de interé; iniciativa que sirva de guía respecto a cómo tratar situaciones donde se estipula cual es el procedimiento para declarar impedido o cómo actuar en un asunto donde el funcionario tenga un interés particular y directo en su regulación, gestión, control o decisión. No hace referencia al tema de cómo solucionar conflictos laborales entre funcionarios contemplados en el código de ética o de convivencia.

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