Resultados 2013 - 2014

Control y sanción: el desbalance entre pesos y contrapesos

El factor Control y sanción evalúa las condiciones y prácticas de las entidades para promover, facilitar y generar acciones de control y sanción sobre su gestión desde procedimientos internos, desde la ciudadanía y desde organismos externos. Todos ellos son actores fundamentales para la consolidación de una democracia representativa y participativa.

El promedio general del factor es 68.1 sobre 100, ubicándose así en un nivel de riesgo medio. Las calificaciones de sus indicadores son bastante dispares. El Control institucional y el Control interno disciplinario y de gestión tienen puntajes de riesgo moderado. En cambio, el Control social y el Sistema de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS) presentan un desempeño que los ubica en el segmento de riesgo medio. Por su parte, el componente de Rendición de cuentas se sitúa en un nivel de riesgo alto.



La dificultad que plantea la denuncia ciudadana obstaculiza el fortalecimiento de la confianza

Los sistemas de PQRS de las entidades se crearon para que los ciudadanos acudan por información y manifiesten sus percepciones sobre la gestión de la entidad en general o de funcionarios en particular. Así, sus canales se convierten en el espacio fundamental y cotidiano para la interacción entidad-ciudadano.

El promedio de 61.3/100 puntos en el indicador que evalúa este factor se explica por el bajo desempeño que hay en las respuestas a derechos de petición, en la disposición de canales para denuncias y en la existencia de protocolos de protección al denunciante.



Del total de 85 entidades, 29 tuvieron disposición para responder efectivamente un derecho de petición. 59 no entregaron el documento solicitado, y 40 no cumplieron el plazo legal para emitir su respuesta. Esto significa que sólo el 30,6 por ciento de las entidades evaluadas están en capacidad de facilitar de manera pronta y oportuna la respuesta al ciudadano. La medición se hizo a través de derechos de petición radicados por Transparencia por Colombia en las entidades evaluadas. En una simulación realizada entre noviembre de 2013 y febrero de 2014, la Corporación le solicitó a cada entidad el plan de adquisiciones.

Por otro lado, 38 entidades no cuentan con una línea de atención para denunciantes de hechos de corrupción y 69 tampoco cuentan con metodologías o protocolos para la protección del denunciante.

Este panorama tan desalentador para las denuncias y solicitudes ciudadanas a través los sistemas de PQRS contrasta con el desempeño positivo en cuanto al control emitido por organismos externos y por las dependencias internas correspondientes. Así, se tiene por ejemplo que en 64 entidades no prescribió ninguna investigación. En tanto que 89,4 por ciento de las entidades hacen seguimiento a los planes de mejoramiento formulados a partir de las alertas emitidas por la oficina de control interno; 92,9 por ciento realizan planes de mejoramiento frente a los hallazgos encontrados por auditorías fiscales, y 94,1 por ciento poseen metodologías para el control interno. Finalmente, el contenido del informe pormenorizado con hallazgos de corrupción presenta un alto promedio de 80,5.


Rendición de cuentas a la ciudadanía es más que audiencia pública

El desempeño en este componente se ilustra de la siguiente manera: 80 por ciento de las entidades cuenta con procesos de planeación de rendición de cuentas; 76.5 por ciento realizó al menos una audiencia pública sobre su gestión en 2013, y 40 por ciento rindió cuentas en al menos un espacio diferente a una audiencia pública. Este último punto afecta negativamente todo el indicador de Rendición de cuentas a la ciudadanía, que evalúa tanto el número de espacios diferentes que se utilizan para dicho ejercicio (por ejemplo mesas de trabajo, foros y observatorios, entre otros), como el desarrollo de uno de ellos en términos de suficiencia de la información brindada, y la evaluación y análisis de ese espacio.



Un número apreciable de los espacios que las entidades manifestaron utilizar para rendir cuentas -diferentes a una audiencia pública- no fueron validados por Transparencia por Colombia debido al incumplimiento de los requerimientos que una rendición de cuentas a la ciudadanía conlleva, a saber:

  1. La disposición de información clara, veraz y oportuna sobre la gestión
  2. El diálogo entre diferentes actores
  3. La posibilidad de emitir premios o sanciones por parte de la ciudadanía 

Se tiene así que 21 entidades utilizan uno o dos espacios diferentes para rendir cuentas y 13 se valen de tres o más.

La rendición de cuentas debe procurar la diversificación de espacios para ejercerla, pues ello aumenta la visibilidad y la posibilidad de incidencia de la ciudadanía en la gestión pública a través del control social. Precisamente, vale mencionar que apenas 16,5 por ciento de las entidades consulta a grupos de interés y organizaciones para la formulación de planes y programas generales, y sólo 10,6 por ciento involucra a la ciudadanía en la formulación de su presupuesto y/o en algún proyecto de inversión.

De esta manera se hace evidente un desequilibrio entre los pesos y contrapesos de poder en la gestión pública, pues no se habilitan espacios suficientes para hacer efectivas las denuncias de la ciudadanía, sus solicitudes y su derecho a premiar o sancionar la gestión de las entidades. Además del cumplimiento de los principios de la democracia representativa y participativa, es pertinente que se considere, en términos prácticos, el acercamiento con la ciudadanía como una estrategia de monitoreo y una herramienta que le otorgue legitimidad a la gestión.




15 Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción.

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