Análisis de resultados 2013-2014

El resultado general:
Riesgo alto de corrupción en la gestión administrativa

Entidades municipales evaluadas en 2013 - 2014

En este estudio se evaluaron 28 capitales municipales, entre las cuales no se encuentran Bogotá, Cali y Medellín2. También se tuvieron en cuenta 13 entidades municipales de los departamentos de Cundinamarca, Norte de Santander y Santander, en las que trabajó activamente el programa de cooperación Transparencia para la Paz y el Desarrollo, financiado por la Unión Europea y la Embajada Alemana, y ejecutado por una alianza de organizaciones de la sociedad civil3.


Resultados generales

La última medición de riesgos de corrupción en la gestión administrativa, aplicada a las capitales y entidades municipales arriba mencionadas, señala riesgos de corrupción asociados a la opacidad, a los bajos desarrollos institucionales y a los altos niveles de discrecionalidad y fragilidad de los sistemas de pesos y contrapesos.

En esta oportunidad dos factores obtienen calificaciones por debajo de los 60 puntos. Son ellos Visibilidad e Institucionalidad. Sólo el factor Control y Sanción logra 62,1/100 puntos (ver gráfica 1). Estos promedios por factor dan como resultado global un promedio general (ITM) de 57,3/100 y, por ende, la clasificación “Riesgo alto de corrupción en la gestión administrativa”.

Niveles de riesgo de corrupción

Tres municipios se clasifican en riesgo de corrupción moderado: Mosquera, Barranquilla y Pereira. Siete municipios están en riesgo de corrupción muy alto: Puerto Carreño, Quibdó, Inírida, Mitú, Sincelejo, El Zulia y Leticia.



Al tomar las calificaciones y clasificarlas en los Niveles de riesgo de corrupción se nota una distribución llamativa. Las entidades se dividen casi a la mitad entre las que están en riesgo medio (44 por ciento) y las que están en los riesgos alto y muy alto (49 por ciento). Solo un bajo porcentaje logra riesgo moderado (7 por ciento). Es decir, mientras casi la mitad de las entidades muestran algunos desarrollos institucionales que pueden aprovecharse para mitigar los riesgos de corrupción, la otra mitad del grupo muestra que la gestión de recursos y bienes públicos se encuentra en una situación de máxima alerta.



Resultados y regiones

La región de Occidente logra 70,2/100 puntos en promedio, Centro Oriente apenas 60 puntos/100. Las demás regiones están por debajo de 60 puntos. La tendencia de los resultados en el ITM desde 2004 hasta hoy se conserva. Las zonas históricamente desarrolladas obtienen mejores calificaciones. Las costas del país y las zonas de frontera presentan las más profundas debilidades.

Como era de esperarse las mayores capacidades institucionales se identifican en municipios de categoría especial y 1. El 61 por ciento de ellos son capitales departamentales. En cambio, los municipios categoría 4 y 6 son los que más dificultades enfrentan (ver gráficas 3 y 4). Las ciudades capitales ubicadas en las regiones Occidente y Centro Oriente superan los 60 puntos (ver gráfica 5), así los promedios globales de cada región sean deficientes.


 

 


Resultados por factores e indicadores: mapa de alertas

Al observar los detalles, la medición arroja algunas buenas noticias así como alertas preocupantes. Entre las buenas noticias cabe anotar que temas que el país viene trabajando desde hace más de veinte años en los procesos que elevan la capacidad de gestión comienzan a obtener calificaciones destacadas. Es el caso de la Gestión de Bienes y Servicios (82/100) y la Gestión de la Planeación (74,8/100), que forman parte del factor Institucionalidad. Ambos indicadores señalan que existen diseños institucionales y que estos se aplican de manera correcta. Es importante resaltar que estos procedimientos son la base de la racionalidad en el funcionamiento del Estado.

Se destaca también el indicador Control Interno de Gestión con 84/100 puntos pues, a pesar de las tensiones que genera la poca madurez institucional para valorar la autorregulación, estas oficinas vienen fortaleciéndose cada vez más.

Ahora bien, como se indicó al comienzo de este análisis, las alertas de riesgo de corrupción existen y son las siguientes:

Visibilidad: Los resultados generales muestran que las entidades territoriales evaluadas no tienen como fortaleza la producción y entrega de información pública, básicamente en lo relacionado con su proceso de gestión. El promedio general del factor de 51,2/100 puntos da cuenta de deficiencias tan graves como los 26,1/100 puntos que obtiene la Divulgación de bienes y servicios, indicador que si bien sólo evalúa la información disponible en los sitios web, trata temas tan delicados como la información sobre programas sociales para la población víctima y en situación de pobreza. Por lo general esta información no se encuentra publicada en las páginas web oficiales. También inquietan los 46,3/100 puntos del indicador Divulgación proactiva de la gestión presupuestal. A pesar de ser un tema sobre el cual se trabaja desde hace ya bastantes años, la claridad y actualidad de esta información aún es deficiente.

Finalmente, el indicador que evalúa si las entidades tienen las condiciones institucionales para producir y entregar información pública, obtiene un promedio de 50,2/100. Este indicador buscó indagar sobre los mínimos necesarios de las entidades para garantizar el acceso a la información – consagrado en la Constitución y en la Ley 1712 de 2014- y el resultado obtenido señala que se va a requerir mucho trabajo para que la institucionalidad local se ponga al día con sus obligaciones (gráfica 6).

Institucionalidad: 58,3/100 puntos no es la calificación esperada en un factor que indaga sobre los diseños institucionales y su puesta en práctica en temas tan centrales de la gestión pública como el talento humano y la contratación pública, así como la reciente puesta en marcha de medidas y políticas anticorrupción. Sigue en el tintero de la reforma del Estado el tema de empleo público; el indicador de Gestión del talento humano logra apenas 47,1/100 puntos, y la alerta más aguda en este rubro es el subindicador de Selección meritocrática que obtiene 0/100 puntos como promedio.

Los temas nuevos sobre Anticorrupción y políticas de comportamiento ético y organizacional obtienen calificaciones bajas: 51,4/100 y 47,6/100 respectivamente. No sobra advertir que son procesos de reciente inclusión que aún no están incorporados en la gestión. Igual, a pesar de los desarrollos normativos, la Gestión de la contratación sigue expuesta, ya que su calificación es de apenas 58,4/100 puntos (Ver gráfica 7).

Control y sanción: Este es el único factor que supera los 60 puntos. Sin embargo, un promedio de 62,1/100 puntos es una alerta sobre la debilidad de los sistemas de control social e institucional. A pesar de los desarrollos de la política de servicio al ciudadano y de que el municipio es el nivel más próximo al mismo, sorprende que el indicador de Sistema de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS) obtenga 45,5/100 puntos. Ésta muy baja calificación señala que los sistemas tienen precarios diseños y funcionan de manera bastante deficiente. No se atienden de manera diligente los derechos de petición y no existen canales eficaces para tramitar denuncias de riesgos o hechos de corrupción.

Así mismo, es muy preocupante el promedio de apenas 47,8/100 en el indicador Control institucional. Si bien la mayoría de las entidades cumplen con los reportes a los órganos de sanción, un gran número de directivos han sido objeto de sanciones disciplinarias y fiscales (Ver gráfica 9).

 


2Las tres principales ciudades del país deben ser evaluadas a través de una metodología especial para “Grandes Ciudades”. Por esta razón no hacen parte de este grupo.
3El programa Transparencia para la Paz y el Desarrollo fue ejecutado por: Fundación para la Participación Comunitaria, Parcomun, Fundación para la Promoción de la Cultura y la Educación Popular (Funprocep), Corporación Ocasa, Fundación Foro Nacional por Colombia, Instituto de Investigación y Debate para la Gobernanza (IRG). y Transparencia por Colombia.

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