Resultados 2013 - 2014

Control y sanción: gobiernos locales a rendir cuentas a la ciudadanía

La rendición de cuentas es un componente muy importante de la democracia y la gestión pública. Hace visible el proceso de toma de decisiones, genera incentivos o castigos a los gobernantes y determina acciones correctivas sobre la gestión gubernamental del desarrollo de la comunidad. Se rinde cuentas porque el poder político reside en los ciudadanos y los representantes que ellos eligieron tienen la obligación de responder por sus decisiones. La otra razón es el ejercicio del sistema de pesos y contrapesos que fundamenta la democracia liberal.

En esa perspectiva, el ITM 2013 – 2014 evaluó tanto las condiciones institucionales como los aspectos prácticos relacionados con tres grandes ejes del proceso público en los que hay una relación directa de subordinación del gobierno a la ciudadanía y/o del gobierno a otras instituciones del Estado, a saber: el control social, la rendición de cuentas a la ciudadanía y el control institucional.

Como se observa en la gráfica 9, el factor registra un promedio de 62,1 puntos. De los cinco indicadores que lo conforman, tres registran medias inferiores a 60/100 puntos, es decir, se sitúan en nivel de riesgo alto: Sistema de PQRS (45,5 puntos), Control institucional (47,8 puntos) y Rendición de cuentas a la ciudadanía (59,2 puntos). Por su parte, el indicador Control social se ubica en la escala de riesgo medio al obtener un puntaje promedio de 62,9. El único indicador cuyo promedio señala un nivel de riesgo moderado es Control interno de gestión (80,1 puntos). En conclusión, 60 por ciento de indicadores apuntan a riesgo alto de corrupción administrativa y ninguno a riesgo bajo.

Vulnerabilidad del derecho a presentar peticiones ante el Estado

Los resultados del ITM en Control y sanción revelan que el conjunto de entidades evaluadas carecen de una estructura institucional para recibir, tramitar y dar respuesta a las peticiones presentadas por la ciudadanía en uso de sus derechos constitucionales al acceso a la información pública y al control del poder público. El promedio de la evaluación de las condiciones institucionales del Sistema de PQRS11 apenas alcanza 54,5 puntos. Si bien 80 por ciento de las entidades reconocen contar con una dependencia o su homólogo encargado de las PQRS, las reglas o procedimientos que regulan sus funciones son muy débiles para determinar las responsabilidades de las áreas involucradas y el conducto a seguir. Baste mencionar que sólo Neiva y Floridablanca establecen un mecanismo o tratamiento diferenciado para las denuncias y 8 entidades disponen de un esquema que indique un procedimiento para responder las PQRS. Del mismo modo, dos entidades de las 41 evaluadas establecen un mecanismo para el tratamiento de PQRS en temas de contratación.



Sin embargo, el hallazgo más inquietante es la vulnerabilidad de la ciudadanía frente al goce de su derecho a presentar peticiones ante las instituciones del Estado. El equipo de investigación del ITM presentó un derecho de petición a cada una de las entidades evaluadas y sólo el 29,3 por ciento, es decir, 12 entidades respondieron de manera oportuna. Lo anterior representa una violación a las garantías constitucionales para acceder a información pública, participar en la vigilancia y control del poder público y pedir cuentas a los gobiernos locales.

Gobiernos locales: la rendición de cuentas no es opcional

La rendición de cuentas a la ciudadanía sigue siendo una tarea pendiente para los gobiernos locales evaluados. Los informes de gestión distan de abarcar las principales áreas de la gestión pública según un esquema de resultados. Por ejemplo, del número de entidades que reportaron el informe de gestión, el porcentaje que incluye el sector de talento humano no llega a la mitad (48,6 por ciento), 41,5 por ciento de entidades mencionan el sector Contratación pública, 67 por ciento detallan la ejecución presupuestal durante la vigencia y 57 por ciento informan sobre acciones para el fortalecimiento institucional y de la gestión pública.

Del mismo modo, los gobiernos locales presentan debilidades para llevar a cabo estos ejercicios democráticos. Si bien el 70,7 por ciento de las entidades evaluadas identifican una estrategia o planes para la rendición anual de cuentas, estos planes carecen de elementos indispensables para garantizar un diálogo fructífero con la ciudadanía. Para citar algunos ejemplos, 9 entidades de 41 estudiadas mencionan la estrategia de comunicaciones durante los eventos de rendición, 13 establecen distintos espacios de diálogo y 17 identifican los canales de entrega de información antes de la rendición.

Tocancipá (Cund.), El Zulia (N. de Sant.), Puerto Carreño (Vich.) y Mocoa (Put.) no celebraron ningún ejercicio de rendición de cuentas a la ciudadanía sobre la vigencia 2013, bien sea en audiencia pública o mediante otro mecanismo. Las audiencias públicas de rendición de cuentas, en la práctica, suelen ser espacios donde el gobierno local establece la agenda sin consultar los intereses de los ciudadanos participantes. A pesar de que el 88 por ciento de las entidades evaluadas cuentan con una política de participación ciudadana, sólo Mosquera (Cund.), Armenia (Quind.), Barranquilla (Atl.), Los Patios (N. de Sant.) y Florencia (Caq.) celebraron consultas con grupos y sectores ciudadanos y organizados para la audiencia pública de rendición de cuentas. De allí que, como se mencionó anteriormente, los temas de rendición de cuentas cubran pocas áreas de la gestión pública local.

Para citar algunos ejemplos, durante las audiencias públicas celebradas en la vigencia 2013, 8 entidades presentaron una exposición del área de contratación, 12 entidades dieron tratamiento a los proyectos de la siguiente vigencia, 9 trataron temas de talento humano y 24 de la ejecución presupuestal.

Control institucional: regalías bajo la lupa

La entrega de información de manera oportuna a diferentes instancias de control institucional es una fortaleza de las alcaldías evaluadas, excepto en materia de regalías, donde el reporte de información al Departamento Nacional de Planeación (DNP) es sustancialmente más bajo. La medición del nivel de respuesta al diligenciamiento de los formularios de seguimiento por parte de las entidades beneficiarias del Sistema General de Regalías durante los cuatro trimestres de la vigencia 2013, obtiene un promedio de 18,4 puntos. Esta cifra señala la negligencia de las entidades ante su obligación de rendir cuentas sobre la gestión de proyectos financiados con ingentes recursos de este nuevo sistema.

En materia de sanciones disciplinarias, fiscales y penales se advierte un bajo nivel de investigación y fallo de las instancias respectivas. Mientras en el 61 por ciento de entidades no se iniciaron procesos disciplinarios a servidores de nivel directivo, en el 90,2 por ciento no se dio apertura a procesos que involucraron a servidores de nivel no directivo. Preocupa que en el 29 por ciento de entidades las contralorías departamentales presentaron hallazgos por mala gestión de programas sociales. Hubo un déficit de información del 41,5 por ciento de las entidades que permitiera establecer estas advertencias de control fiscal.

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