Resultados 2013 - 2014

ITD 2013-2014: diseños institucionales débiles y pobre gestión del talento humano

Resultados generales

La medición 2013 – 2014 del ITD señala un deficiente promedio de 59,1/100 puntos, calificación que marca un riesgo alto de corrupción como consecuencia de varios factores, entre ellos los débiles diseños institucionales para producir y entregar información pública, la deficiente información disponible sobre trámites y una pobre gestión del talento humano.

Este nivel de riesgo y los promedios por factor señalan que las mayores alertas se encuentran en el factor Institucionalidad (53,9/100). Igual los otros dos factores -Visibilidad y Control y Sanción- solo logran superar los 60 puntos en promedio (gráfica 1).



Como se ha venido afirmando en las diferentes evaluaciones del ITD, las entidades territoriales de categoría 3 y 4 son las más afectadas por estos riesgos (gráfica 2), y la mayor parte de ellos se localizan en las regiones de Amazonia, Orinoquia y Pacífica. Las asimetrías institucionales y territoriales hablan por sí solas: mientras la Gobernación de Antioquia obtiene una calificación de 82,4/100 puntos, la del Chocó apenas logra 31,0/100 puntos. Estas calificaciones, que reflejan los extremos de la evaluación, también representan los extremos de las inequidades sociales y de la calidad de la presencia del Estado en el territorio. Es, sin duda, una alerta máxima para un país diverso, extenso y con serias alertas para la integridad y la transparencia.

 




En todas las categorías – a excepción de la tercera – el factor de más bajo rendimiento es Institucionalidad. Esto significa que los diseños institucionales (procesos y procedimientos) son precarios y no se están cumpliendo (grafica 2). Un escenario institucional deficiente es terreno fértil para que las autoridades y los servidores públicos, así como los contratistas y políticos con intereses particulares, manejen de manera discrecional los recursos de las entidades territoriales.

Niveles de riesgos de corrupción en la gestión administrativa

De las 32 gobernaciones evaluadas, ninguna está clasificada en riesgo bajo de corrupción. En riesgo moderado están Antioquia, Santander, Caldas y Meta. Chocó, Vaupés, Guainía, Caquetá, La Guajira y Putumayo se encuentran en la categoría riesgo muy alto de corrupción.

La institucionalidad departamental es más bien débil, con deficiencias que no permiten garantizar que los recursos públicos estén protegidos de los intereses de la corrupción. Cuando se suman los niveles de riesgo de mayor alerta, se encuentra que el 50 por ciento de las entidades departamentales están allí clasificadas, mientras que apenas el 37,5 por ciento está en riesgo medio y sólo 12,5 por ciento en riesgo moderado.

Al observar las regiones donde se localizan las gobernaciones con mayores riesgos de corrupción se ratifica el desigual desarrollo institucional y territorial. La región con el mejor promedio en esta evaluación es la región de Occidente, seguida por la región de Centro Oriente. Luego el resto de las regiones se clasifican en riesgo alto y muy alto (tabla 1).

 

 

Alertas y fortalezas frente a la corrupción

Esta evaluación señala fortalezas y también presenta alertas institucionales. Los promedios de los indicadores señalan que las gobernaciones tienen mayores capacidades para la Gestión de la planeación y el Control interno de gestión (gráficas 5 y 7). El resto de indicadores deben contemplarse en el mapa de riesgos de corrupción.

Visibilidad: El promedio obtenido por las gobernaciones en el factor de visibilidad es 60,5/100 puntos. Esto significa que se presenta un riesgo medio de corrupción por la manera como se divulga la información sobre la gestión pública. Se puede afirmar que las gobernaciones van un poco más allá de “a medio camino” en su capacidad para producir y difundir información pública veraz y de alta calidad. Así lo señalan calificaciones en el rango de los 50 puntos que obtienen los indicadores Divulgación de los trámites y la atención a la ciudadanía y Divulgación de información pública (gráfica 4). No se trata sólo de “mostrar” lo que le interesa a las autoridades o lo que la ley obliga a divulgar, sino también de generar información pública que le interese a la sociedad.

Las gobernaciones que lograron las calificaciones más altas en este factor son Antioquia, Santander, Huila, Valle del Cauca y Meta; mientras que las que obtuvieron las peores notas fueron Guainía, Vaupés, Sucre, Vichada y Guaviare.

Institucionalidad: Este factor obtuvo el promedio más bajo de los tres. Los apenas 53,9/100 puntos señalan un riesgo alto de corrupción. Esta calificación obliga a la vigilancia y atención de autoridades y ciudadanos. Ámbitos de gestión prioritarios como Contratación y Talento humano, con 54.4/100 y 48/100 puntos respectivamente, describen la necesidad de atender estos asuntos con mucho más que ajustes y reformas menores (gráfica 5).

De otro lado, nuevos temas que entran a la agenda de autoridades y ciudadanos, como las Medidas y políticas anticorrupción y las Políticas de comportamiento ético y organizacional, obtienen calificaciones que indican altos niveles de riesgo de corrupción administrativa. Es este un tema nuevo, y las calificaciones señalan que aún se requiere de mayor decisión de los gobernantes y capacidad de las instituciones para realizar estas tareas de manera eficaz y transparente.

Control y sanción: El promedio de este factor logra el nivel de riesgo medio de corrupción (64,7/100) gracias a que tres de sus cinco indicadores logran entre los 66 y 78 puntos (gráfica 7). En cambio, los Indicadores Sistema de PQRS y Control institucional tienen calificaciones muy bajas, de apenas 47,8/100 y 45,9/100 puntos, respectivamente. Este factor, que evalúa la relación de pesos y contrapesos en los procesos de gestión, está evidenciando que los sistemas de PQRS siguen sin responder oportunamente a los derechos de petición, y que aún son casi inexistentes los canales de denuncia e investigación sobre riesgos y hechos de corrupción. El control institucional, encargado de las sanciones fiscales y disciplinarias, muestra un promedio que pone en evidencia la fragilidad de las entidades encargadas de tales tareas.

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