Resultados 2013

Institucionalidad: estructuras frágiles para procesos exigentes

La planeación, la contratación pública y el talento humano constituyen las principales áreas de la gestión administrativa evaluadas en el componente de institucionalidad del ITD. Además, la presente edición contempla la incorporación reciente de normas y prácticas de buen gobierno sobre medidas anticorrupción y políticas de comportamiento ético y organizacional.

Con un promedio de 53,9 puntos, las gobernaciones se encuentran en un nivel de riesgo alto en el factor Institucionalidad, siendo este resultado el más preocupante de la medición. Las regiones con el desempeño más representativo para este factor fueron la Occidental y Centro Oriental.

 


En el factor Institucionalidad, 20 gobernaciones se ubicaron en niveles de riesgo alto. Chocó, Guajira, Putumayo, Caquetá y Guainía obtuvieron el desempeño más bajo. Por su parte, Santander y Antioquia, con las calificaciones más altas, logran ubicarse en niveles de riesgo moderado.

Políticas de comportamiento ético muy frágiles

Con una calificación de 43,3 puntos, el indicador Políticas de comportamiento ético y organizacional obtuvo la calificación más baja dentro de la batería de indicadores del factor y se ubicó en un nivel de riesgo muy alto.

Con 53,3 puntos, el subindicador Contenidos mínimos de lineamientos éticos, que evalúa la existencia y el contenido del Código de Ética de las gobernaciones, se ubica en un nivel de riesgo alto. Si bien 24 de las 32 gobernaciones cuentan con un código, 13 de esas 24 obtienen calificaciones inferiores a los 30 puntos. No se contó con información para evaluar las gobernaciones de Caquetá, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Guainía, Guajira, Putumayo y Vaupés.

Queda claro que la estandarización de principios y valores y su comunicación no son tareas relevantes para las gobernaciones. Desde el análisis de sus contenidos hasta el estudio de sus métodos de discusión y divulgación el panorama es desalentador. Ninguno de los criterios de evaluación superó los 44,5 puntos en el promedio de calificación. Entre los 24 códigos éticos disponibles, sólo 6 contemplan la designación de un funcionario que haga seguimiento a la materia, y una cantidad igual cuenta con políticas antifraude, 8 con políticas de integridad y 9 con políticas antisoborno.

Sólo la mitad de las administraciones cuentan con un comité de ética y la inclusión del nivel asesor está presente en 7 de los 16 comités; 5 entidades de estas no divulgan este código entre sus funcionarios. Resulta inquietante imaginar una gestión gubernamental ética y transparente cuando el documento que le da soporte a los principios, las sanciones y el debido proceder es débil y son muy pocos los actores relacionados con su construcción y su puesta en marcha.

La estructura del talento humano y sus tropiezos

Con una calificación de 48 puntos, el indicador Gestión del talento humano se ubicó en un nivel de riesgo alto. Con relación a las mediciones anteriores, el panorama sigue mostrando deficiencias en la selección por mérito, en el seguimiento al desempeño, altos niveles de contratación por servicios profesionales y brechas pronunciadas entre salarios.

Preocupa que en la vigencia 2013 Valle del Cauca haya sido la única entidad que realizó un proceso de selección meritocrática para vincular un cargo de libre nombramiento y remoción.

 

 

Con relación a la capacitación, 6 gobernaciones no capacitaron a sus funcionarios en ningún tema para la vigencia 2013; las 26 restantes capacitaron por lo menos en un tema a sus servidores públicos. 19 de las 26 gobernaciones que realizaron ejercicios de capacitación los hicieron en contratación pública, 19 en talento humano y 16 en gestión financiera. Los niveles que reciben más capacitaciones son directivo (19 de 26), profesional (22 de 26) y asesor (14 de 26). Sólo 4 gobernaciones capacitaron en comportamiento ético y 6 en participación ciudadana. Las gobernaciones de Magdalena y Quindío cuentan con mayor cantidad de procesos de capacitación a lo largo de 2013.

Finalmente, con una calificación promedio de 53 puntos, el subindicador de Evaluación del desempeño se ubicó en un nivel de riesgo alto. Aunque solo Chocó, Guainía y Valle del Cauca no realizaron evaluaciones a los funcionarios de carrera, el promedio general en este aspecto de la evaluación fue de 83 puntos. No obstante, los otros dos seguimientos a evaluaciones de desempeño que se cotejaron no tuvieron un comportamiento tan satisfactorio. Para la vigencia 2013, 15 entidades no realizaron seguimiento a cargos provisionales y 15 no realizaron evaluación de desempeño a servidores de libre nombramiento y remoción. Es de destacar que 15 gobiernos locales cuentan con lineamientos de evaluación de desempeño en su institucionalidad.

Pobres condiciones institucionales para el talento humano

Como en las mediciones anteriores se evidenció el incumplimiento de acuerdos y protocolos internacionales suscritos por Colombia o la insuficiencia normativa para abarcar las dimensiones del empleo público, Transparencia por Colombia hizo un esfuerzo por vislumbrar las condiciones institucionales de las gobernaciones para la correcta organización y funcionamiento del recurso humano. El subindicador Condiciones institucionales para el talento humano evalúa las herramientas de planeación estratégica del talento humano de la vigencia 2013, tales como el Plan anual de vacantes, el Plan anual de capacitaciones, el Plan estratégico del talento humano, los manuales de evaluaciones, el Manual de incentivos y promociones y el Plan de acción (sección talento/recursos humanos). La calificación promedio para dichas disposiciones fue de 43,8 puntos, reafirmando que la preocupación se mantiene. Así, 15 de las 32 gobernaciones no cuentan con planificación de su talento humano, obteniendo calificaciones de 0 en este subindicador.

En los documentos de planeación del talento humano a los que se tuvo acceso, se hace evidente la ausencia de procedimientos para el movimiento de personal (presente en sólo 4 de los 17 documentos disponibles) y la mención de procedimientos de mérito, que sólo aparece en ocho de los 17 documentos. Se destacan las gobernaciones de Cundinamarca y Cauca, que cuentan con una planificación completa de los procedimientos relacionados con el empleo público.

Con relación a las diferencias salariales entre los niveles administrativos, la brecha más pronunciada se encontró entre un nivel jerárquico y el inmediatamente inferior. Las diferencias más notorias se presentan en San Andrés y Risaralda, mientras que los puntos de mayor equilibrio se evidenciaron en la Gobernación de Caquetá.

Gestión de la contratación

Con una calificación de 54, 7 puntos, el indicador Gestión de la contratación se ubicó en un nivel de riesgo alto. Atlántico, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Guainía, La Guajira, Nariño, Sucre, Vaupés y Vichada no entregaron manual de contratación. 14 gobernaciones no cuentan con instancias de planeación y seguimiento a la planeación contractual. De las 18 entidades que cuentan con comité de contratación, 10 no disponen de funcionarios del nivel profesional en estos espacios.

En 21 gobernaciones, la contratación directa supera el 30 por ciento del monto total de la contratación, en contra del estándar propuesto por las convenciones internacionales de lucha contra la corrupción. En Boyacá, Caquetá, Cesar, Cundinamarca, Huila, Quindío y Sucre más del 75 por ciento de la contratación realizada en la vigencia 2013 se hizo de manera directa.

Medidas y políticas anticorrupción con urgencia de atención

Con una calificación de 53,3 puntos, este indicador suscita una discusión respecto a los instrumentos de corto y largo plazo con los cuales cuentan las entidades para guiar acciones de prevención y mitigación de hechos de corrupción y para crear una cultura de la transparencia dentro de las mismas. Es necesario plantear desde las gobernaciones un lineamiento que permita declarar y tramitar los conflictos de intereses, pues para 2013 sólo 6 de las 32 entidades contaban con dicho instrumento. Además, las gobernaciones deben plantear una estrategia o política orientada hacia la lucha contra la corrupción y a favor de la transparencia, pues 12 entidades evaluadas no cuentan con ningún documento que se acerque a estas finalidades.

Si bien el Plan Anticorrupción es un documento que ha tenido una buena acogida por su carácter obligatorio, cobijado en el Estatuto Anticorrupción, entidades como Caquetá, La Guajira y Putumayo no facilitaron dichos planes para su estudio. Sin embargo, de los 29 documentos analizados fue posible inferir que los criterios de evaluación más precarios fueron: Presupuesto, (1 de 29); Indicadores y metas, (11 de 29), y Tiempos de ejecución, (13 de 29). En los espacios de divulgación y construcción de dichas herramientas los actores que menos participaron fueron los órganos de control.

Buen desempeño en gestión de la planeación

Con una calificación de 75,1 puntos y ubicándose en un nivel de riesgo moderado, el indicador Gestión de la planeación es el que cuenta con las calificaciones más altas. Este indicador evalúa la coherencia y consistencia entre estrategias y objetivos con programas y proyectos, así como entre planes de inversiones y proyecciones de gasto. 16 de las gobernaciones tenían para la vigencia 2013 correctamente articulados su Plan de Desarrollo, Plan de Acción y POAI 2013 con los programas y proyectos en Salud, 15 con los programas en Educación y 14 con los programas en Saneamiento básico. Los planes de desarrollo de las 32 entidades fueron aprobados por sus respectivas Asambleas Departamentales. De estos, 29 fueron susceptibles de seguimiento, y se emitieron 28 informes periódicos de avance.


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