Resultados 2013 - 2014

Institucionalidad: carencia de procesos eficientes para garantizar funcionarios idóneos

El factor Institucionalidad en la presente edición del Índice de Transparencia se caracteriza fundamentalmente por dos aspectos: de una parte incorpora los recientes desarrollos normativos en temas como medidas anticorrupción y políticas de comportamiento ético y, de otra, se ocupa de identificar y evaluar las prácticas en áreas críticas como gestión del talento humano y contratación pública.

Las contralorías evaluadas que obtuvieron los promedios más altos en este factor fueron Caldas, con 74,2 puntos, Meta con 72,0, y Guaviare con 71,5. Las de menores calificaciones fueron Guainía, con 38,3 puntos; Chocó, con 35,6, y Amazonas, con 21,5.

Los indicadores en promedio se ubicaron en un riesgo alto a excepción de Gestión del control fiscal. Los otros cinco alcanzaron calificaciones inferiores a 59,9/100 puntos, lo que genera desconcierto puesto que la mayoría de las exigencias de la medición se concentraron en la normatividad vigente, la cual es de obligatorio cumplimiento.

 


Estándares éticos bajos

El indicador Políticas de comportamiento ético tiene promedios bajos. 6 entidades no cuentan con un Código de Ética. Los desempeños más bajos se dieron en políticas antifraude y/o antipiratería, pues sólo la tienen 6 de ellas. Apenas 11 de las 32 contralorías cuentan con una política antisoborno y tan sólo 5 contemplan una política de integridad. De acuerdo con lo anterior, se infiere que 6 entidades, con 0,0 puntos, no cumplen con el mínimo de las políticas de comportamiento ético. Sólo 2 alcanzan un nivel de riesgo bajo y únicamente Arauca cumplió con el 100 por ciento de las exigencias de la medición. También se puede concluir que 14 entidades no tienen Comité de Ética, y de las 18 que si lo poseen sólo 9 cuentan con la presencia de los niveles directivo, asesor y profesional.

Carencia de procesos eficientes para garantizar funcionarios idóneos

En el indicador Gestión del Talento Humano, el subindicador que menor calificación obtuvo fue Mérito, solo Valle del Cauca, Córdoba y Meta alcanzaron la puntuación máxima de 100 puntos, es decir, seleccionar a servidores publicos de libre nombramiento y remoción a través de un proceso meritocrático. Las 20 entidades restantes que entregaron información al respecto, no cumplieron con los procesos de mérito. En conclusión, de 141 funcionarios de libre nombramiento y remoción, tan sólo 21 fueron seleccionados por mérito, lo cual indica que no se está favoreciendo la igualdad e imparcialidad en la selección de funcionarios.

Así mismo, sólo en 9 entidades se evaluó el conocimiento y la experiencia de los supervisores para la asignación de los contratos. Lo anterior representa un grave riesgo en el proceso de gestión contractual, puesto que el bajo conocimiento en la materia es una oportunidad para la desviación de los recursos públicos y el incremento de la opacidad en los procesos.

El subindicador Evaluación y seguimiento al desempeño de los servidores públicos obtuvo 41,3 puntos en promedio. Sólo 6 de las 32 entidades tienen lineamientos de seguimiento y monitoreo de productos a contratistas. Tan sólo 5 contralorías le hacen seguimiento al desempeño de funcionarios provisionales; 6 lo efectúan en el caso de los funcionarios de libre nombramiento y remoción, y 20 para los funcionarios de carrera administrativa.

La no existencia de un proceso de seguimiento al desempeño de todos los servidores públicos impide conocer si están o no cumpliendo con las actividades de los cargos, lo cual puede producir ineficiencias en el desarrollo y el funcionamiento de la planta de personal bajo control, y baja calidad en los procesos administrativos, financieros y de gestión interna de la entidad.

Poco interés en el erario público

El subindicador Planeación contractual tiene el mayor puntaje (74,8 en promedio), lo que indica que se está cumpliendo con el seguimiento y la planeación por parte de un órgano de deliberación y toma de decisiones, como lo es el Comité de Contratación. De allí que 15 entidades superan los 90 puntos. El subindicador Recurrencia de la contratación directa obtuvo un promedio de 72,5 puntos, como resultado de que 21 entidades realizaron menos del 30 por ciento de sus contratos a través de la modalidad de contratación directa.

El Manual de Contratación es un subindicador en el cual se debe esperar que todas las entidades tengan 100 puntos, pero no es así. 4 de las 32 entidades no cuentan con este documento y el puntaje máximo lo alcanzó Putumayo, con 55,6 puntos. Lo anterior indica que las funciones internas en materia contractual, la delegación de las mismas y las tareas que se derivan de la vigilancia y control son muy deficientes en las contralorías, y por este motivo se encuentran en un nivel de riesgo de corrupción alto.

Por último, para el subindicador Interventoría y supervisión a los contratos de obra solo se encontró información en Meta, San Andrés y Cauca, que obtuvieron 100 puntos. El resto de las entidades no hacen contratación de obras.

En camino hacia la buena planeación

La gestión de la planeación evalúa la coherencia entre el Plan Estratégico Institucional y el Plan de Acción6. Con base en este cruce de información en el subindicador Auditoría a empresas de servicios públicos domiciliarios, 28 entidades obtuvieron 0 puntos y de las entidades restantes la puntuación máxima fue de 50 puntos. Este es un resultado completamente desafortunado si se tiene en cuenta que las contralorías departamentales deben vigilar la ejecución presupuestal de las empresas de servicios públicos.

El subindicador Planeación en temas anticorrupción alcanzó un promedio de 28,9 puntos. Sólo Antioquía, Meta y Caldas obtuvieron 100 puntos. 14 de las 32 entidades cuentan con un programa o línea sobre transparencia y anticorrupción plasmado en el Plan Estratégico Institucional, y de estas sólo 4 tienen metas establecidas. Por último, tan sólo 8 entidades cuentan con líneas de trabajo en temas de corrupción, transparencia, integridad y cultura de la legalidad. En el seguimiento a los planes de mejoramiento se encontró que 12 entidades no contemplan la aplicación de esta herramienta y 11 la implementaron efectivamente.

Los subindicadores con mejores resultados fueron Promoción fiscal y Promoción social. Amazonas y Cundinamarca obtuvieron resultados de 0 puntos; Atlántico y Valle del Cauca, 50 puntos y las demás alcanzaron el máximo puntaje en promoción fiscal; por su parte solo Cundinamarca obtuvo 0 puntos y 29 entidades obtuvieron 100 puntos en Promoción social.

Falta de conciencia sobre la importancia de mitigar la corrupción

El indicador Medidas y estrategias anticorrupción mostró que 8 entidades no cuentan con una política, estrategia o lineamiento orientado hacia la lucha contra la corrupción. Tan sólo Caldas, Valle del Cauca y Córdoba obtuvieron 100 puntos en política de conflicto de interés.

El análisis del subindicador Plan anticorrupción y atención al ciudadano muestra que Chocó y Guainía no cuentan con este documento. 21 de las 32 entidades cumplen con algunos criterios de la medición y tan sólo 7 logran 100 puntos. El Seguimiento del plan muestra que 6 entidades no sobrepasan los 44,4 puntos y por lo tanto se encuentran en un nivel de riesgo muy alto. Tan sólo 8 contralorías obtienen 100 puntos y 11 de las 32 entidades no proporcionaron información suficiente para evaluar esta variable.

Con respecto al subindicador Consultas participativas y divulgación las calificaciones tampoco son alentadoras. De 32 entidades, sólo Vaupés, Casanare y Norte de Santander realizan consultas participativas para la elaboración del Plan, obteniendo así 100 puntos. En cuanto a la divulgación , entidades no aportaron información suficiente para el cálculo de esta variable y tan sólo Valle del Cauca, Antioquía y Vaupés cumplen al 100 por ciento con los criterios de evaluación.

La fortaleza de las contralorías

El indicador Gestión del control fiscal se analiza con información de las contralorías y de fuentes secundarias como la Auditoría General de la República; la certificación de la gestión de las contralorías la emite la Auditoría General. En este aspecto es de esperarse que todas las entidades obtengan 100 puntos. En el subindicador Funciones de advertencia 5 entidades obtuvieron 0 puntos y 25 de 32 obtuvieron 100 puntos. Por último, en el subindicador Proceso auditor7, donde se materializa la programación del Plan General de Auditorías, la calificación mínima fue de 63,5 puntos y 22 entidades obtuvieron más de 90 puntos.

 


6Hubo dos entidades (Vichada y Magdalena) que se califican con NA a causa de falta de información.
7Dos entidades (Chocó y Amazonas) tienen NA en este subindicador por falta de información.


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