Análisis de resultados 2013-2014

Transparencia en el ámbito nacional: siguen asuntos pendientes

El Índice de Transparencia Nacional es una iniciativa de control social pero también una herramienta para contribuir a la construcción de lo público y al fortalecimiento de la democracia. Los resultados que presenta en 2015 invitan a la protección de los recursos públicos que administran las entidades estatales, mejorando los instrumentos de detección y prevención de posibles hechos de corrupción y diseñando mecanismos de control y sanción tanto normativo y legales como sociales y políticos. Este llamado compromete la gestión de autoridades públicas y miembros de la sociedad civil, así como al sector privado que incide en las condiciones del mercado.

En el año 2010 la Corporación Transparencia por Colombia entregó la última evaluación de entidades nacionales. Durante este tiempo la metodología de evaluación se ajustó en razón del reciente proceso de reforma del Estado que emprendió el gobierno nacional desde 2011. Hoy en día, además de hacer más énfasis en identificar las prácticas riesgosas, y no solo los aspectos formales o meramente de cumplimiento de normas, la investigación contempló el diseño de indicadores orientados a la identificación de la aplicación de medidas y políticas anticorrupción, así como de las condiciones institucionales para garantizar la producción y acceso a la información pública. Es decir, en esta oportunidad se elevan los parámetros de evaluación a la altura de los compromisos internacionales1, de la normatividad nacional y de las exigencias y retos que plantea el fenómeno de la corrupción en Colombia.

En esta oportunidad el Índice de Transparencia Nacional 2013 -2014 evalúa dos grupos de entidades: 85 nacionales de las tres ramas del poder público y los órganos autónomos, así como 62 instituciones educativas del nivel superior. Las entidades nacionales obtienen una calificación promedio 67,4 puntos de 100 posibles, señalando un riesgo medio de corrupción. Como se podrá observar a lo largo de este informe, los niveles de riesgo alto y muy alto de corrupción rondan a la rama legislativa y judicial, mientras la rama ejecutiva logra pasar apenas regular y los órganos autónomos – encargados del control y la vigilancia – obtienen el promedio más alentador.

Las 32 universidades públicas del orden nacional y departamental, como los 30 institutos técnicos y tecnológicos nacionales y territoriales, obtienen una calificación promedio de 56,4 sobre 100 puntos posibles, lo que significa un nivel de riesgo alto de corrupción. Ahora bien, si se observan los dos grupos por separado, las universidades obtienen mejores promedios que los institutos técnicos y tecnológicos, que el Índice de Transparencia Nacional evaluó por primera vez.

Aunque en líneas generales las entidades del orden nacional aquí evaluadas obtienen promedios un poco más altos que las alcaldías, gobernaciones y contralorías departamentales2, el panorama en las entidades del orden nacional está lejos de ser satisfactorio. Como se podrá observar en el detalle del informe, las políticas públicas y las decisiones de las autoridades públicas deberán tener en cuenta los siguientes temas. En primer lugar, algunos claves y tradicionales como la contratación pública y la gestión del talento humano, que siguen en deuda, aunque la situación de ambos es diferente. Los diseños normativos en contratación se revisan y ajustan, y persiste la diversidad de regímenes de contratación, situación que favorece el desorden y aumentan los riesgos. Mientras tanto, quienes laboran en el servicio público requieren de marcos racionales que orienten la acción de una burocracia estable, con garantías de equidad para el ingreso y condiciones de calidad para su desempeño. En segundo lugar, apenas comienzan a percibirse abordajes en temas relacionados con la anticorrupción.


A nombre de la Corporación Transparencia por Colombia y del equipo de investigación del Índice de Transparencia de las Entidades Públicas, agradezco el respaldo que le ha dado a esta iniciativa la Unión Europea, la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia- APC y el Ministerio de Educación Nacional3. Así mismo, en la Corporación reconocemos el trabajo de interlocutores y autoridades públicas al responder positivamente a la solicitud de información por parte de una organización de la sociedad civil.


Elisabeth Ungar
Directora
Corporación Transparencia por Colombia

 


1 Adquiridos por el Estado colombiano en relación con las convenciones anticorrupción (OEA y ONU).
2 Ver informe completo del Índice de Transparencia Municipal e Índice de Transparencia Nacional en www.indicedetransparencia.org.co
3 Recursos de la APC a través del convenio de aporte de contrapartida No. 006 de 2014, y el Ministerio de Educación Nacional a través del convenio de asociación 448-2014, orientado a contribuir con recursos de contrapartida para la evaluación de 61 Instituciones de Educación Superior.

 

Factores e indicadores

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Resultados 2014

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