Análisis de resultados 2015-2016

INSTITUCIONALIDAD

Estructuras de gestión imperfectas


El cumplimiento de los procesos y las normas que guían la gestión pública de una entidad representa los cimientos para generar condiciones institucionales transparentes, inclusivas y accesibles para la sociedad civil. Por eso la medición del factor Institucionalidad en la evaluación del Índice de Transparencia cuenta con un peso mayor que los otros dos factores, puesto que se concentra en develar el diseño institucional de las entidades.

De los tres factores evaluados en el Índice de Transparencia Departamental, este es el que presenta mayores riesgos de corrupción. Es importante tener en cuenta que las mayores debilidades estructurales se evidencian en los aspectos evaluados en la gestión de talento humano, las medidas y estrategias de lucha contra la corrupción, y el comportamiento ético.

SE ESTANCA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

La gestión de la lucha contra la corrupción no avanzó con respecto a la medición pasada; el riesgo de corrupción sigue siendo alto y no se evidencian mejoras. La evaluación muestra que tan solo 41 % de las gobernaciones evaluadas cuentan con medidas, estrategias o políticas orientadas a la lucha contra la corrupción, distintas al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, PAAC.

En este mismo orden, 72 % de las entidades evaluadas hicieron ejercicios de divulgación del Plan Anticorrupción, lo que pone en evidencia la falta de iniciativa de las entidades a la hora de hacer visibles este tipo de documentos.

PROCEDIMIENTOS ÉTICOS INESTABLES

El indicador Comportamiento ético, evidencia un escenario realmente preocupante para las gobernaciones. Este se debe, en gran medida, a la ausencia de una divulgación efectiva de los lineamientos éticos. Se identificó que 31 % del total de gobernaciones no puso en conocimiento de los ciudadanos sus lineamientos éticos, y tan solo dos gobernaciones los compartieron con la ciudadanía a través de diálogos.

Al analizar en detalle el contenido de los lineamientos éticos mínimos es posible identificar que las entidades aún tienen riesgos de corrupción, sobre todo en lo relacionado con la mención de políticas antifraude y antipiratería, pues sólo siete gobernaciones involucran este aspecto en sus lineamientos éticos.

LOS ESTÁNDARES DE LA PLANEACIÓN, EN DECLIVE

La evaluación pone en evidencia una caída alarmante del indicador Gestión de la planeación, que en promedio bajó nueve puntos, pasando de 75.1 en 2013-2014 a 66.0 en 2015-2016. Las debilidades estructurales que se observan en las entidades evaluadas recaen en que el Informe de Empalme, el Plan de Acción y el POAI no cuentan con medidas de lucha contra la corrupción.

Las iniciativas de fortalecimiento institucional en los documentos de planeación también encienden las alarmas, puesto que en sus informes de empalme 21 entidades no cuentan con acciones encaminadas a instalar capacidades institucionales. No obstante, dada la coyuntura actual de posconflicto que vive el país, es importante resaltar que los menores riesgos de corrupción se evidencian en la mención del tema de víctimas en los documentos de planeación, destacándose la buena gestión de las entidades para atender a la población vulnerable.

CONTRATACIÓN POR MÉRITO, PENSAR CON EL DESEO

Gestión de la contratación fue el segundo indicador con mejor promedio en el factor Institucionalidad, y subió 6.2 puntos en su calificación promedio con respecto a la medición pasada. No obstante, a pesar de la evidente mejoría en los aspectos que lo componen, se siguen evidenciando enormes deficiencias en los procesos contractuales y la supervisión a los contratos públicos.

 



Por un lado, la evaluación de los manuales de contratación pone en evidencia que dentro de los lineamientos de contratación 16 gobernaciones no mencionaron los requisitos que habilitan a una persona natural o jurídica para que inicie un proceso de contratación.

Por otro lado, las entidades siguen recurriendo a mecanismos de contratación directa para contratar. Las gobernaciones de La Guajira, Sucre y Risaralda ejecutaron más de 75 % en esta modalidad, que no cuenta con procesos que evalúen objetivamente las calidades y competencias de los proponentes, dejando en serios riesgos estos recursos.

Merece un análisis especial el comportamiento de la contratación pública de acuerdo con sus modalidades. Más de la mitad de los recursos públicos del nivel departamental fueron contratados a través de la modalidad directa, prendiendo las alertas y dejando en evidencia los inmensos riesgos en los que incurren las administraciones al contratar “a dedo” y sin una selección objetiva donde se escoja la oferta más favorable en términos de precio y calidad.

INDIFERENCIA POR EL RECURSO HUMANO

El indicador Gestión de Talento Humano presenta enormes debilidades como consecuencia de las pobres condiciones institucionales de las administraciones para promoverlo, la falta de supervisión a su personal y, sobre todo, por no escoger sus funcionarios a través de procesos de mérito. La evaluación evidencia un panorama desalentador para las gobernaciones, pues 41 % de ellas no cuenta con un Plan Estratégico de Talento Humano.

Solo 10 entidades hicieron ejercicios de seguimiento y monitoreo a las acciones de los funcionarios de libre nombramiento y remoción, y únicamente seis realizaron seguimiento a las acciones de los funcionarios vinculados de manera provisional. Sin embargo, el panorama se torna aún más gris al ver que sólo 8 de 32 gobernaciones (25 %) evaluaron al personal encargado de supervisar los contratos: Huila, Arauca, Casanare, Risaralda, Cundinamarca, Santander, Meta y Antioquia; lo que evidencia enormes riesgos de corrupción por la falta de un personal calificado para evaluar la contratación pública en las gobernaciones.

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