Análisis de resultados 2015-2016

VISIBILIDAD

El reto de garantizar el carácter público de la información

La Ley 1712 de 2014 es, sin duda, el más importante avance que ha tenido la normatividad colombiana en términos de garantizar el derecho al acceso a la información que producen las entidades públicas. Además, dicha ley las orienta para que elaboren y pongan en marcha las herramientas que les permiten regular el registro, la publicación y, en determinados casos, la reserva de la documentación.




La importancia del factor Visibilidad radica en que mide el nivel de acceso a la información del que dispone la ciudadanía y, por tanto, evalúa las garantías para que la población pueda ejercer un control social adecuado sobre la gestión institucional. Se caracteriza por ser el componente que mide la transparencia de las entidades con respecto a los procesos que desarrollan.

En el caso de los órganos territoriales de control fiscal, este factor obtiene una calificación pro-medio de 58.9 puntos, ubicándose en el nivel de riesgo alto de corrupción. Así, se convierte en el factor que presenta la menor calificación promedio de toda la evaluación. Las mayores debilidades están en los aspectos de divulgación de información pública y divulgación de trámites y servicio al ciudadano, pues su calificación se ubica en un nivel de riesgo muy alto y alto respectivamente (ver gráfica 14).

CONTRALORÍAS, SIN INSTRUMENTOS PARA PUBLICAR LA INFORMACIÓN

La divulgación de la información pública sigue siendo el derrotero de las entidades. Calificaciones tan deficientes como las de este indicador (37.4/100 puntos) se explican en primer lugar por la gestión documental y de archivo, ya que 53 % de las entidades no cuentan con un programa de gestión documental, lo que permite ver que las administraciones aún no le dan la importancia que se merecen estas herramientas.

En segundo lugar, la calificación se ve afectada por el indicador Condiciones Institucionales de la Información Pública, que mide el nivel de transparencia de los procesos con base en la existencia no de documentos destinados a regular el ejercicio de la divulgación de la información.

Los bajos porcentajes de contralorías que no poseen estas herramientas reflejan las pobres capacidades institucionales de estas entidades en la elaboración de instrumentos destinados a regular el acceso a la información pública. En el caso de los criterios para la reutilización de los archivos, o apertura de datos, los resultados obtenidos muestran que 22 contralorías no poseen el documento que reúne los criterios para esta disposición de información.

En este aspecto se destacan las contralorías de Huila y Cundinamarca, que ocupan los primeros lugares en el ÍTD-Contralorías 2015-abril 2016. Gracias a sus esfuerzos administrativos, estas dos entidades cuentan con todos los documentos relacionados con lineamientos para la regulación, manejo, gestión y publicación de la información producida por estas entidades, entre ellos la articulación de los mismos con los procesos de gestión documental. Esta es una clara muestra de un desempeño institucional adecuado para divulgar la información pública de tal manera que sea accesible a la ciudadanía.

BARRERAS PARA EL CONTROL SOCIAL SOBRE LOS RECURSOS PÚBLICOS

A pesar de que el sitio web de las entidades se ha convertido en la herramienta de divulgación por excelencia y aquella que garantiza un nivel mayor de accesibilidad para la ciudadanía, aún se observan problemas, como la escasa publicación de información sobre el tipo de vinculación de los funcionarios públicos, donde solamente 13 de las 32 contralorías (40.6 %) publica esta información en su sitio web, elementos que analiza el indicador Divulgación de la Gestión Administrativa.

Con respecto a lo anterior, vale la pena prestar especial atención a la divulgación y publicación de aquellas estrategias o acciones emprendidas en el campo de la lucha contra la corrupción, dado que según los resultados obtenidos, 9 contralorías publican una política o lineamiento de transparencia y, aún más alarmante, solamente 4 entidades encargadas de ejercer control fiscal territorial publican los instrumentos para la divulgación de la información. Lo anterior refleja la escasa voluntad de estos actores públicos en dar a conocer a la ciudadanía sus herramientas de planeación y gestión.

El conocimiento sobre los estados financieros de las entidades públicas y la destinación de los recursos que les son asignados a estos agentes estatales por parte de la ciudadanía son un elemento fundamental para ejercer control social sobre los mismos. Este indicador se encarga de evaluar el nivel de aplicación de las normas vigentes en el mencionado aspecto.

LAS CONTRALORÍAS TERRITORIALES Y SU RELACIÓN CON LA CIUDADANÍA


La interacción con la ciudadanía es uno de los aspectos relevantes en el campo de la transparencia y el acceso a la información. Aun cuando la mayoría de las contralorías cuentan con sistemas de preguntas, quejas, reclamos y solicitudes (PQRS), es fundamental que los ciudadanos que realicen estas acciones puedan expresar su opinión acerca del grado de satisfacción que sintieron al utilizar estas herramientas. Sin embargo, solamente tres gobernaciones -Norte de Santander, Caldas y Huila- cuentan con el procedimiento que permite expresar el grado de satisfacción de los ciudadanos que los contactan.

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