Resultados 2015-2016

INSTITUCIONALIDAD

Una mirada al interior de las contralorías

Este factor evalúa el diseño institucional de las entidades indagando sobre el nivel de cumplimiento de determinadas condiciones institucionales como normas y estándares en los principales procesos de gestión. La medición se concentra en áreas de la gestión administrativa como talento humano, planeación, lineamientos éticos, control fiscal, contratación y la aplicación de medidas anticorrupción. En el caso de las contralorías territoriales, este factor obtuvo un promedio de 63.6/100 puntos, que lo ubica en un nivel medio de riesgo de corrupción.

La evaluación que hace el ÍTD muestra tres profundas debilidades en este componente (ver Gráfica 15). La primera de ellas relacionada con la existencia y contenido de las medidas anticorrupción, la segunda tiene que ver con la gestión del talento humano y la tercera está relacionada con la gestión de la planeación, puesto que las tres calificaciones se ubican en un nivel de riesgo alto de corrupción.

LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN MÁS ALLÁ DE LA OBLIGATORIEDAD

A partir de 2011, gracias a la creación de la Ley 1474 o Estatuto Anticorrupción, todas las entidades públicas del orden nacional y territorial deben elaborar anualmente el Plan Anticorrupción1 y de Atención al Ciudadano, donde relacionen los riesgos de corrupción y las medidas a implementar para prevenir o mitigar la aparición de irregularidades relacionadas con la gestión pública. El ITD evalúa la existencia de estos documentos, que por norma son de obligatorio cumplimiento, además de representar la puesta en marcha de buenas prácticas que garanticen la sostenibilidad de las acciones y procedimientos.

Estos hallazgos demuestran que las entidades aún deben trabajar en la creación de herramientas y
etas de lucha contra la corrupción que disminuyan el impacto de los cambios de administración. En cuanto al diagnóstico y matriz de riesgos de corrupción, el ÍTD evalúa contenidos considerados esenciales para la construcción de estrategias efectivas destinadas a mitigar o prevenir los hechos de corrupción. Se indagó sobre el contenido de esos documentos: 4 contralorías no realizaron este ejercicio y de las 28 que sí lo realizaron, solamente 2 mencionan recursos técnicos, físicos, de talento humano y financieros para ser ejecutados durante la vigencia.

La misma situación se reproduce al evaluar el contenido del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Al indagar sobre la coherencia de los riesgos que identificaron las entidades con respecto a temas de visibilidad, institucionalidad, control y sanción y delitos de corrupción se observa que 8 contralorías no contemplan herramientas de seguimiento y sólo 4 mencionan recursos, humanos, físicos y/o financieros, para mitigar riesgos.

 

LOS PROCESOS DE MÉRITO EN EL TALENTO HUMANO AL BORDE DEL OLVIDO


Si bien 26 contralorías (81 %) cuentan con un Plan Estratégico de Talento Humano, en la mayoría de los casos se centra en definir los aspectos relacionados con capacitación. Y aunque este no es un aspecto negativo, se descuidan elementos fundamentales como las estrategias de movimiento de personal, la evaluación y el seguimiento al desempeño de los funcionarios y los procesos relacionados con la asignación de cargos por concursos de mérito. Adicionalmente, 40.6 % de las entidades no suministraron información suficiente que permita a Transparencia por Colombia evaluar la relación de funcionarios seleccionados por concurso de mérito.

SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CAPACITACIÓN, ELEMENTOS DE UNA BUENA GESTIÓN


A pesar de que la gran mayoría de las entidades realizaron evaluación del desempeño de sus funcionarios durante 2015, no es alentador que dos contralorías no hayan realizado este seguimiento a las funciones que ejercen los servidores públicos, dada la importancia del monitoreo permanente dentro de una entidad que es la encargada de vigilar la ejecución del gasto público.

En cuanto a la evaluación y seguimiento al desempeño de los funcionarios de carrera encontramos que 94 % de las entidades evaluaron a estos servidores, mientras 22 % hizo seguimiento a las actividades de los servidores vinculados a través de libre nombramiento y 28 % evaluó a los servidores en situación de provisionalidad.

Cabe mencionar que los temas en los que son capacitados los servidores públicos de las contralorías territoriales son fundamentales para fortalecer su desempeño, en este aspecto los temas de contratación pública y gestión administrativa son los más frecuentes, puesto que 23 y 22 entidades respectivamente los abordan dentro de sus capacitaciones. No obstante, se descuidan temáticas como participación de la ciudadanía y servicio al ciudadano, que tan solo 10 contralorías promueven.

LINEAMIENTOS ÉTICOS DEFICIENTES

La mayor parte de las contralorías territoriales (94% de las entidades) cuentan con el documento de lineamientos éticos; sin embargo, al momento de evaluar su contenido se observa que la realidad no es tan prometedora, puesto que muchas de las entidades no mencionan los elementos esperados dentro de este instrumento, además, 22 entidades no contemplan a los responsables de realizar seguimiento a estos lineamientos.

CONTRATACIÓN SALIENDO DEL ESTADO DE EMERGENCIA

Es importante mencionar que el indicador Gestión de la Contratación mide el grado en el que las contralorías territoriales se encuentran blindadas en sus procedimientos contractuales frente a los aspectos relacionados con la planeación, la ejecución y la práctica de los procesos y procedimientos que alimentan la gestión contractual.

Es necesario prestar especial atención al Contenido de los lineamientos del proceso contractual, el cual presenta las mayores debilidades dentro del indicador de Gestión de la Contratación. En este contexto tenemos que, de las 32 contralorías territoriales, 3 se encuentran en un nivel de riesgo muy alto, 7 entidades en riesgo alto y tan solo 4 contralorías alcanzaron el nivel de riesgo bajo de corrupción.

En cuanto a la Planeación Contractual, si bien su calificación se ubica en un nivel de riesgo moderado demostrando que vamos por buen camino con el seguimiento y la planeación del proceso contractual, encontramos a 11 entidades que no cuentan con una instancia y/o comité de contratación y, de los que conformaron esta instancia, en 16 contralorías se garantiza total multidisciplinariedad. Mientras tanto, en cuanto a la participación dentro del comité, el nivel jerárquico que más representación garantiza es el directivo con 19 puestos.

2: Existen elementos diseñados para orientar a las entidades en torno a la elaboración de estrategias o medidas anticorrupción reglamentadas en el Decreto 2641 de 2012, en el cual se señala la existencia del documento denominado “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” donde se relacionan los componentes que debe contener este instrumento y la metodología para su construcción.


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