Análisis de resultados 2015-2016

CONTROL Y SANCIÓN

Y la participación social a mitad de camino

Medir las capacidades institucionales para brindar garantías que promuevan el ejercicio de control y sanción sobre la gestión de las entidades públicas es una herramienta fundamental para identificar los posibles riesgos de corrupción en los entes de control fiscal del orden territorial.


Así las cosas, se observa que las mayores debilidades se encuentran presentes en los indicadores Rendición de Cuentas a la Ciudadanía y Sistema de Atención al Ciudadano, dos elementos claves en el momento de medir la transparencia de los procesos internos de las entidades públicas frente a la sociedad civil y su relación con el ejercicio de informar sobre la gestión que adelantan. El factor Control y Sanción obtuvo una calificación promedio de 60.9/100 puntos, lo que lo ubica en el nivel de riesgo medio de corrupción. Es de mencionar que la mayoría de entidades se encuentran en el nivel de riesgo alto (ver gráfica 2); no obstante, se destaca la Contraloría de Huila, la única en alcanzar el nivel de riesgo de corrupción bajo, con una calificación de 90 puntos. En contraste, la Contraloría Departamental de Guainía, obtuvo 37.8 puntos, la calificación más baja para este factor entre las 32 contralorías territoriales.

RENDICIÓN DE CUENTAS, EN DEUDA CON LA CIUDADANÍA

Como resultado de la evaluación, se encontró que las contralorías de Amazonas, Cesar, Casanare, Santander, Sucre, Atlántico, Arauca, Córdoba y Antioquia, no realizaron audiencia pública de rendición de cuentas durante la vigencia 2015.


En este orden de ideas, y tal como lo menciona el Manual Único de Rendición de Cuentas formulado por el Departamento Nacional de Planeación, es de vital importancia que las entidades cuenten con una Estrategia Anual de Rendición de Cuentas, donde se tengan en cuenta objetivos, acciones y cronogramas que contemplen los tres elementos que conforman un ejercicio adecuado: información, diálogo e incentivos. De esta manera, se debe mencionar que entre los hallazgos que produjo la evaluación de este indicador se encontró que, de acuerdo con la información suministrada por las contralorías territoriales, 12 de 32 contralorías (37.5 % de las entidades) no cuentan con el mencionado insumo, y seis de ellas se encuentran también en el grupo que manifestó no haber realizado este espacio durante la vigencia 2015.

¿OPORTUNIDAD, EFICACIA Y TRANSPARENCIA EN EL SERVICIO AL CIUDADANO?



El segundo indicador con menor calificación tiene que ver con la preparación de la entidad para atender las solicitudes, quejas, reclamos y sugerencias de la ciudadanía desde su sistema de PQRS. Para calificarlo, se evalúa la planeación y puesta en marcha de los instrumentos relacionados para brindar una respuesta óptima a la sociedad civil.

Así las cosas, en primer lugar, se indaga sobre la existencia de lineamientos y directrices que orienten la planeación y seguimiento al Sistema de PQRS, frente a lo cual se encontró que, solamente la Contraloría de Guainía no cuenta con este documento.

Adicionalmente, como una estrategia de seguimiento, se espera que las entidades elaboren un informe periódico sobre las solicitudes, quejas o reclamos de la ciudadanía, con el fin de evaluar el desempeño del sistema de atención al ciudadano. Cabe mencionar que solamente nueve contralorías (28 % de las entidades evaluadas) entregaron este documento.

Se envió un derecho de petición a todas las contralorías y solamente 13 contralorías (40 % de las entidades) respondieron la petición de información, de las cuales 9 lo hicieron en los plazos establecidos y sólo la Contraloría Departamental de Caquetá no respondió la información que se requirió.

OFICINAS DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN: NO LLEGAN A LA META

Llama especialmente la atención la información relacionada con la selección del Jefe de Control Interno. En cinco entidades (15.6 % de las contralorías) el cargo lo ejerce un funcionario cuya profesión no es compatible con la establecida en el Manual de Funciones.

Los resultados arrojaron que solamente 31.3 % de las entidades (10 contralorías) seleccionan este servidor público a través de procesos de meritocracia, mientras que 37.5 % de las contralorías (12 entidades) lo hicieron a través de selección directa.

¿REALMENTE SE PROMUEVE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL?

La evaluación mide los lineamientos con los que cuentan las contralorías territoriales para garantizar el derecho al ejercicio participativo. Sorprende el hecho de la baja calificación que obtiene la promoción de espacios de diálogo y concertación. Esto se debe a que 24 entidades (75 % de las contralorías) manifestaron no haber involucrado a la ciudadanía en el desarrollo de las etapas del proceso fiscal, como la programación de auditorías o el seguimiento a las recomendaciones formuladas en el proceso auditor, quedando en deuda un eje misional de las contralorías departamentales como lo es la promoción del control social.

Con el apoyo de: